La empresa Náutica Fuster S. L. ha salido al paso de las informaciones sobre la pérdida de la bandera azul en las playas de Almardá alegando que “se les imputa erróneamente la responsabilidad de esta empresa concesionaria de actividades náuticas, de ser la causante por un exceso de ocupación de 30 metros cuadrados”.
De acuerdo con el responsable de Náutica Fuster, José Ramón Fuster Gómez, en el 2005 se les “imputó el exceso de ocupación pero, quedó aclarado al tratarse de embarcaciones de particulares y al estar admitido por la Ley de Costas no pudo ser motivo de sanción”. No obstante, “esto fue advertido al vigilante de Costas, quien propicio la apertura del expediente, y el ADEAC, sin esperar a su resolución, retiró para el año 2006 la bandera azul”. En la temporada 2006 a la misma empresa se le abrió un expediente que la Sala de lo Contencioso suspendió cautelarmente por “motivos inconsistentes jurídicamente”, aún así, nuevamente se volvió a denegar la concesión de la bandera azul para el 2007. Según Fuster como consecuencia “el concejal de Playas, castigó al turista y residente sin actividades náuticas”. En 2008 pese a los esfuerzos de la Concejalía Almardá tampoco tendrá bandera azul ya que “la Demarcación de Costas ha informado al ADEAC de unos expedientes abiertos por deslindes”.
Desde la empresa náutica afirman que “un expediente de deslinde puede durar entre 5 y 7 años, por lo que Almardá no volverá a tener bandera azul”. “Siempre habrán expedientes por el desencuentro entre la jefa de Demarcación de Costas de Valencia y su vigilante con el Ayuntamiento de Sagunto” asegura José Ramón Fuster.
Galardón en entredicho
Por otro lado, “son muchas las voces que ponen en entredicho este galardón europeo, ya que sus concesiones quedan al capricho de la Administración central y en consecuencia a intereses partidistas” según recalcó Fuster en un comunicado remitido tras la resolución del reparto de las banderas.
A su entender “de unos simples informes no nace ninguna responsabilidad administrativa ni judicial, y por lo tanto, no se puede privar de nada a nadie mientras el asunto no sea firme en sede administrativa” por lo que considera que es necesario “abrir un debate serio” sobre la ocupación y uso de las playas.
